Pere Torres
El comienzo del siglo XXI nos ha hecho evidentes los grandes impactos de la globalización más deprisa de lo que se especulaba. Gracias a esta percepción acelerada, también ha aflorado la importancia de las Naciones Unidas para prevenir, atemperar o corregir determinados problemas globales. No obstante, el mismo redescubrimiento del rol potencial de las Naciones Unidas nos revela que su diseño actual no es el idóneo para la función que deberíamos esperar de este organismo. De todas formas, como crece la conciencia de su necesidad, especialmente por parte de todos aquellos sectores que apuestan por el multilateralismo, gana terreno la idea de que hace falta reformar el sistema de organizaciones internacionales.
Con este objetivo, han surgido múltiples iniciativas para impulsar esas reformas, tanto de movilización como de reflexión propositiva. Recientemente, por ejemplo, la red Ubuntu ha mantenido en Barcelona una reunión de este estilo, con representantes de varios movimientos cívicos internacionales.
Ciertamente, en ámbitos como la seguridad o la economía, disponemos de organismos consolidados y reconocidos aunque sean utilizados inadecuadamente según opiniones más o menos extendidas. En cualquier caso, tienen una base real que es reformable. En otros ámbitos, en cambio, no hay posibilidad de reformas porque la institucionalidad es insuficiente o, simplemente, inexistente. Es el caso del desarrollo sostenible, donde no hace falta un movimiento reformador sino fundador. No quiero decir que no se haya hecho nada en este campo: tenemos en mente tanto la Cumbre de Rio como la Cumbre de Johanesburgo, que son jalones históricos a pesar de la escasez de sus resultados prácticos. Lo que intento decir es que no se ha construido aún la arquitectura institucional global para acometer los nuevos retos con los que nos desafía la sostenibilidad.
De entrada, podemos anotar la existencia de cuatro dificultades de primera magnitud: La fragmentación de la cooperación internacional. No es que los problemas del desarrollo sostenible estén olvidados. Es que hay “demasiadas” iniciativas: algún experto habla de más de 400 tratados internacionales sobre temas ambientales. Para cada materia específica, los Estados han firmado un acuerdo con las medidas correspondientes y han creado un secretariado ad hoc . Este grado de especialización provoca un efecto en cascada: también se fragmenta la responsabilidad de cada una de las administraciones estatales. Cada tratado es asignado al área que se considera más oportuna en el momento de firmarlo.
Hay, sin embargo, un efecto aún más pernicioso: no se puede abordar realmente el desarrollo sostenible sin una visión integradora del fenómeno. En realidad, resolver un problema ambiental de carácter sectorial puede suponer, perfectamente, el agravamiento de otros problemas con los que aquél está conectado. Un caso bien conocido es que la emisión de contaminantes de azufre por los barcos está reduciendo el efecto invernadero. Un tratado que se preocupe solamente de limitar la contaminación atmosférica del azufre puede estar favoreciendo el cambio climático.
La adhesión voluntaria de los Estados. A pesar de que los problemas sean generales, cada Estado decide si se incorpora a un tratado específico o no, independientemente de que su acción tenga consecuencias que vayan más allá de sus propias fronteras. Sin abandonar el cambio climático, pongamos como ejemplo la decisión de Estados Unidos o de Rusia de no suscribir el protocolo de Kyoto, que deja al mundo en una total indefensión.
La inexistencia de un mecanismo de control efectivo. Cuando un país firma un determinado acuerdo se compromete a aplicar determinadas medidas. Sin embargo, no asume, en general, ningún riesgo por el hecho de incumplirlo.
La falta de transparencia. En la mayoría de los temas importantes para el desarrollo sostenible, hay más intuición de lo que no va bien que conocimiento sobre cuáles son las alternativas válidas. Disponemos de mucha información, pero está poco sistematizada. Tenemos, por un lado, las fuentes de información de los Estados, con sus metodologías, amplitudes y fiabilidades particulares. Hay, por otra parte, la producción de los centros académicos y científicos y, también, de las ONG. Las empresas generan igualmente mucha información. Nos falta, no obstante, una pieza fundamental: algún organismo que reúna oficialmente toda esta información, destaque sus lagunas y las corrija, organice y homologue los datos y acabe presentando unos informes de la situación global que permitan tomar decisiones más fundamentadas. En este punto, hay una interesante excepción que quizá dé pistas de por dónde y cómo se podría avanzar: el Panel Internacional sobre el Cambio Climático.
Es evidente que se pueden encontrar muchos matices y muchos atenuantes a todas estas consideraciones, pero en ocasiones es preferible adoptar una actitud más radical para visualizar mejor el fondo del problema. En cualquier caso, todo ello indica la debilidad estructural con que se tratan hoy estos problemas de escala global, muchos de ellos de una gravedad frívolamente ignorada.
Así, se olvida a menudo que los problemas ambientales pueden ser una causa poderosa de conflictos que afecten a la paz y a la seguridad, tanto a escala regional como global. Un informe del propio Pentágono ya advertía recientemente, por ejemplo, que los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad futura de recursos básicos será una fuente de inestabilidad de primera magnitud. Siendo el origen del informe el Pentágono, ya nos podemos imaginar que la advertencia se orienta a diseñar estrategias militares para hacer frente a la nueva situación.
El campo del desarrollo sostenible y, específicamente, el ambiental ha sido una fuente de impulso de los movimientos sociales, de construcción de un nuevo paradigma sobre el desarrollo, de creación de fecundas líneas de investigación y, también, de renovación de los programas políticos en mayor o menor grado. Es una cuestión que forma parte de las agendas. Se puede dudar de si siempre aparece con la convicción o con la prioridad necesarias, pero aparece. Podríamos afirmar, pues, que cuenta con uno de los progenitores, el ideológico. Pero le falta el otro, el institucional. No hay una UNESCO o un Fondo Monetario Internacional dedicado al desarrollo sostenible en su globalidad y en su complejidad.
Es cierto que algunos de estos organismos internacionales son cuestionables por sus políticas, pero no por su existencia. De hecho, las políticas alternativas también necesitarían instrumentos análogos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente no está diseñado ni capacitado, desafortunadamente, para ejercer esta función, aunque podría ser un embrión. El desarrollo sostenible está, pues, huérfano de una arquitectura institucional que le permita acometer competentemente los problemas planetarios.
En definitiva, las Naciones Unidas deberían proponerse la creación de un nuevo organismo de cooperación multilateral, que integrara todos los convenios existentes y que tuviera la dotación suficiente de recursos humanos, técnicos y económicos para realizar bien esta nueva función: impulsar, negociar, coordinar y velar las políticas de desarrollo sostenible de carácter global.
